Se trata de una medida que busca favorecer la adopción de autos eléctricos, al tiempo que intenta terminar con la industria de los vehículos contaminantes, mediante la total prohibición de coches nuevos impulsados por petróleo para el año 2040. Sin embargo, y a diferencia de sus vecinos europeos Francia y Reino Unido, el gobierno de Angela Merkel, en plena campaña de cara a las elecciones nacionales del próximo mes, aún no se ha decidido.
“La pobre calidad del aire es el riesgo medioambiental más grande que atenta contra la salud pública, y este gobierno está decidido a tomar acciones concretas en el menor tiempo posible”, había expresado un portavoz del gobierno británico a The Guardian, luego de anunciar la prohibición para dentro de 23 años. Por su parte, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria de Francia, Nicolas Hulot, realizó declaraciones similares, indicando que su gobierno busca “demostrar que la lucha contra el cambio climático puede conducir a una mejora de la vida cotidiana de los franceses”.
Ante estas sorpresivas medidas -quizá no tanto por el período en que se plantean, sino por tratarse de una prohibición y no una simple meta-, y consultada al respecto por la revista SUPERillu, la canciller alemana Angela Merkel manifestó que sin dudas las disposiciones del Reino Unido y Francia están enfocadas correctamente, aunque no reveló detalles sobre una posible fecha límite.
Es importante tener en cuenta que todo esto ocurre en medio del famoso “dieselgate”, escándalo donde se descubrió que algunas empresas habían manipulado software de manera consciente con claras intenciones de modificar los valores de las emisiones contaminantes de sus vehículos. Todo comenzó en 2013, cuando el Consejo Internacional de Transporte Limpio, junto con la Universidad de Virginia, encontraron diferencias entre los niveles de óxido de nitrógeno registrados por Volkswagen en el laboratorio y los contabilizados por ellos en la carretera. En mayo del siguiente año, la EPA comenzó las investigaciones pertinentes, y en 2015, la fabricante -una de las más grandes del mundo- admitió la instalación de software en 11 millones de motores diésel para hacer trampa en las pruebas de emisiones. La sospecha se extendió luego a otras empresas del sector, como Daimler y BMW, acusadas de haber estado “coordinando el desarrollo de sus vehículos, costos, proveedores y mercados durante muchos años, al menos desde los años noventa, hasta nuestros días», dijo la revista alemana Spiegel.
Lo cierto es que Merkel está en plena campaña, analizando las posibles implicancias de una medida así en una industria de 747,000 trabajadores, que significa el 14% del PBI del país. Mientras tanto, las fabricantes están ofreciendo programas para que los dueños de autos diésel puedan actualizar sus vehículos o, incluso, reciban compensaciones por reemplazar sus coches por opciones eléctricas.
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